Investigadoras: Ana Luisa Nerio, Salomé Almaraz. Con la colaboración de Angélica Gay
No hace falta decir que en México uno de los grandes problemas es la falta de empleo, tampoco hace falta decir que éste es una de las principales causas de la existencia de altos índices de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. El gobierno actual sólo ha logrado generar 2 millones de puestos de trabajo, alrededor de 330 mil cada año en promedio, lo que deja, según datos del INEGI, a nuestro país con un déficit de 6 millones de empleos.
La administración del presidente Vicente Fox en estos días ha recibido diversas críticas como la de Eugenia Correa del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM, que considera que su sexenio concluirá en medio de fracasos para generar empleos y combatir la pobreza. La misma Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través de su representante en México, Miguel de la Cid, advierte e n México existe "un déficit de políticas públicas" que vayan orientadas a la creación de empleos y no sólo a mantener la estabilidad de las variable macroeconómicas.
Asimismo, la OIT señala al gobierno mexicano que en nuestro país existe una Tasa de Desempleo Abierto de 4 por ciento con respecto a la Población Económicamente activa. Este alto índice de desempleo se resuelve en la mayoría de las ocasiones con empleos informales o con contrataciones no declaradas que se caracterizan por ser empleos en condiciones de baja calidad en cuanto que no dan prestaciones y pagan bajos salarios.
Los derechos humanos laborales significan la posibilidad de elegir libremente un trabajo que garantice condiciones satisfactorias y decorosas, con igualdad de oportunidades y con una remuneración en proporción igual al trabajo realizado, remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, (debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual).
Desgraciadamente en nuestro país esto no sucede a pesar de que lo anterior es parte de las obligaciones del estado mexicano, que fueron adquiridas con la firma de diversos instrumentos internacionales como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como el Protocolo de San salvador. En México existe una alarmante disparidad de ingresos, tal y como lo denuncia el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), con un análisis elaborado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
Este análisis destaca entre sus principales resultados que la población en pobreza extrema, equivalente a diez millones de mexicanos, sobrevive con aproximadamente 12.21 pesos al día. Otro 10 por ciento de la población con percepciones de 22.5 pesos diarios. Un segmento más, también equivalente a 10 por ciento, gana 30 pesos con 52 centavos al día.
Estas personas sufren de violaciones a su derecho a una remuneración que les permita la satisfacción de las necesidades de los trabajadores y sus familias, pues estos ingresos, que en conjunto involucran a aproximadamente 30 millones de personas, se encuentran por debajo de la mínima remuneración legal vigente en el país, que se ubica en 47.12 pesos diarios promedio y que al mes se traduce en mil 413 pesos. En el caso de las mujeres se complica más, debido a que en nuestro país aún existen signos de discriminación hacia el sector femenino. Por ejemplo en 2003 aumentó a 75% el número de las mujeres ocupadas que ganan menos de lo necesario para adquirir la Canasta Obrera Indispensable (COI). Según Luis Felipe López Calva, el ingreso salarial sigue siendo todavía un 20 por ciento menor para el género femenino. Mientras que en 2004 el 12.4 por ciento de las mujeres que laboran, es decir 1 millón 850 mil, ni siquiera reciben ingresos.
Según datos aportados por el INEGI el 38.8% de los hombre y 47.6 por ciento de las mujeres que laboran reciben hasta dos salarios mínimos, es decir un promedio de 87 pesos diarios. Si el 52.4% de las mujeres asalariadas reciben más de dos salarios mínimos, contra el 67.25 de los hombres, es decir que los hombres tienen más posibilidades de recibir un salario mayor. Las mujeres reciben ingresos menores que los hombres en términos generales, por lo que el monto de su pensión, calculada sobre los salarios devengados, será menor. Los ingresos entre los jóvenes de entre 15 y 19 años es menor al de los adultos, agravándose en el caso de las mujeres, quienes en promedio perciben un 40 por ciento menos.
Por si fuera poco, los salarios apenas logran sobrepasar los niveles de inflación en 1.9 puntos, de acuerdo a un análisis realizado por la consultoría Mercer Human Resource Consulting, lo que deja a los trabajadores con muy pocas posibilidades de tener una buena calidad d vida o de crear un ahorro a futuro parea cualquier imprevisto. Esta situación se debe a los descuentos al salario que se le hacen al trabajador como lo son seguridad social, fondo de ahorro para el retiro, fondo de vivienda, aguinaldo y prima de utilidades, que en suma representan 60 por ciento del salario base . De todas estas cargas, la más alta es la seguridad social, que constituye 25 por ciento del salario.
El derecho humano al trabajo no sólo se trata de encontrar o contar con un empleo, sino que este último debe de contar con las condiciones inexcusables para alcanzar una vida digna . Un salario digno consiste en una remuneración equitativa y satisfactoria que asegure al trabajador y a su familia una existencia decorosa, complementada, si es necesario, por otros medios de protección social; y a garantizar a los trabajadores su subsistencia cuando se jubilen mediante un sistema de pensiones.
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